La verificación de las cuentas anuales de una entidad mediante la realización de una auditoría independiente puede tener carácter legal en aquéllos supuestos en los que una regulación específica determina su obligatoriedad, o voluntario, cuando es la propia entidad la que decide someter sus cuentas a revisión externa.

Se entiende como auditoría obligatoria para la sociedad la que viene exigida por el derecho comunitario o la legislación nacional y aquella solicitada por los socios minoritarios o quien acredite interés legítimo a través del registro mercantil.

Los supuestos que determinan una auditoría obligatoria son los siguientes:

A. SUPERACIÓN DE LOS LÍMITES FIJADOS POR LA LEY PARA EXCLUIR LA OBLIGACIÓN DE AUDITAR

Según determina la Ley de Sociedades de Capital, en su artículo 263.2, se exceptúa de esta obligación de auditar a las sociedades que durante dos ejercicios consecutivos reúnan, a la fecha de cierre de cada uno de ellos, al menos dos de las circunstancias siguientes:

    • Que el total de las partidas del activo no supere los 2.850.000 euros.
    • Que el importe neto de su cifra anual de negocios no supere los 5.700.000 euros.
    • Que el número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio no sea superior a 50.

Las sociedades perderán esta facultad si dejan de reunir, durante dos ejercicios consecutivos, dos de las circunstancias a que se refiere el párrafo anterior.

En el primer ejercicio social desde su constitución, transformación o fusión, las sociedades quedan exceptuadas de la obligación de auditarse si reúnen, al cierre de dicho ejercicio, al menos dos de las tres circunstancias expresadas en el apartado anterior.

B. CONCURRENCIA, EN LA ENTIDAD, DE ALGUNA DE LAS SIGUIENTES SITUACIONES (Disposición adicional primera de la Ley de Auditoría de Cuentas):

  • Que emitan valores admitidos a negociación en mercados secundarios oficiales de valores o sistemas multilaterales de negociación.
  • Que emitan obligaciones en oferta pública.
  • Que se dediquen de forma habitual a la intermediación financiera, y, en todo caso, las entidades de crédito, las empresas de servicios de inversión, las sociedades rectoras de los mercados secundarios oficiales, las entidades rectoras de los sistemas multilaterales de negociación, la Sociedad de Sistemas, las entidades de contrapartida central, la Sociedad de Bolsas, las sociedades gestoras de los fondos de garantía de inversiones y las demás entidades financieras, incluidas las instituciones de inversión colectiva, fondos de titulización y sus gestoras, inscritas en los correspondientes Registros del Banco de España y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
  • Que tengan por objeto social cualquier actividad sujeta al Texto Refundido de la Ley de ordenación y supervisión de los seguros privados, aprobado por Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre, dentro de los límites que reglamentariamente se establezcan, así como los fondos de pensiones y sus entidades gestoras.
  • Que reciban subvenciones, ayudas o realicen obras, prestaciones, servicios o suministren bienes al Estado y demás organismos públicos dentro de los límites que reglamentariamente fije el Gobierno por real decreto.
  • Las demás entidades que superen los límites que reglamentariamente fije el Gobierno por real decreto.

C. OTRAS CIRCUNSTANCIAS QUE DERIVAN EN AUDITORÍA OBLIGATORIA

    • Por solicitud de un número de socios, que represente al menos el 5% del capital social, de aquellas sociedades que no están sometidas a auditoría (LSC art.265.2 redacción Ley 15/2015). Esta solicitud debe efectuarse al secretario judicial o al registrador mercantil de la localidad donde esté domiciliada la sociedad, y antes de que transcurran tres meses desde el cierre del ejercicio.
    • Cuando así lo acuerde el secretario judicial o registrador mercantil del domicilio social del empresario o entidad, a instancia de quien acredite un interés legítimo.

 

Ana Pérez
Directora de Auditoría – Russell Bedford en España, Málaga